Los abajo firmantes tenemos la convicción de que Chile necesita una buena nueva Constitución. Una que responda al desarrollo social de las últimas décadas, logre encarnar un pacto político transversal, de vocación mayoritaria y alcance nacional, y asuma los desafíos que enfrenta nuestro país a partir de un compromiso inequívoco con las reformas que demanda la ciudadanía. 

Ese reformismo no puede ser pura ruptura, sino que tiene el desafío de articular cambio y continuidad. Chile cuenta con una larga tradición constitucional. Desde los albores de la república, ella se ha configurado en base a elementos claves de la modernidad occidental, como la igualdad ante la ley, una adecuada separación de los poderes del Estado y el régimen representativo de gobierno. Dichos principios han sido fundamentales en la consolidación de una democracia que, si bien todavía insuficiente en muchos aspectos, arroja más luces que sombras. Así lo demuestra, por mencionar sólo un caso, el funcionamiento ininterrumpido de algunas de nuestras principales instituciones durante varias décadas de los siglos XIX y XX.

Haber desconocido esta trayectoria fue uno de los grandes errores de la Convención Constitucional. Su desafío era impulsar la reconstrucción democrática de Chile, cuidando lo ya existente y no asumiendo que nuestro pasado ha sido nada más que opresión y despojo. Con todo, es indudable que esa reconstrucción democrática obliga a tomarse en serio el malestar social y el descrédito de la política. En ese sentido, desde hace algunos años –incluso con anterioridad a la crisis que explotó en octubre de 2019– han surgido voces demandando un cambio significativo en las reglas de convivencia de los chilenos y chilenas. Entre ellas, destacan visiones particularmente críticas de la Constitución vigente, ya sea por sus vicios de origen o por variados aspectos de su contenido. Esto no es casual. Hoy vivimos en un mundo complejo y diverso; una realidad que, bien lo sabemos, no está del todo recogida en la Constitución actual. De ahí la necesidad de materializar un nuevo pacto que ayude a recomponer la fractura entre política y sociedad y a redistribuir de mejor manera el poder del Estado. El objetivo es, en suma, responder al categórico mandato ciudadano expresado en el resultado del plebiscito de entrada celebrado en octubre de 2020.

Una de las enseñanzas que nos dejó aquel referéndum es que el cambio constitucional no puede ser el monopolio de una minoría ni de una posición ideológica determinada. Por el contrario, la Constitución debe ser un documento unificador, fruto de un amplio consenso, que responda a las demandas de forma efectiva, dotando de legitimidad y estabilidad a los acuerdos allí plasmados. Como resulta cada día más evidente, el borrador propuesto por la Convención Constitucional no está a la altura de esos fines. En efecto, ha recibido diversas críticas por sus falencias en materia de diseño institucional –comenzando por una plurinacionalidad totalmente ajena a nuestra realidad–, por la excesiva cantidad de sus normas, por su indiferencia o franco desprecio respecto de la historia constitucional chilena, y por su difícil aplicación e interpretación. Además, muchas de las transformaciones que impulsa podrían profundizar el conflicto y aumentar la incertidumbre que nos aqueja, ya sea por su desconexión con la realidad chilena o por su imposibilidad a la hora de equilibrar posiciones divergentes. La invitación es, entonces, a pensar una nueva Constitución que aborde las urgencias sociales de forma efectiva y, al mismo tiempo, sea deferente con las generaciones pasadas y con las esperanzas del futuro. Es decir, que sea la “Casa de Todos”.

¿Cuáles son algunos de los principios de esa “Casa de Todos”? Entre otros, la prioridad de la persona y las asociaciones humanas como centro del orden jurídico; la igualdad ante la ley; la equidad entre hombres y mujeres, especialmente en los espacios de toma de decisiones; la consagración de un Estado social, reflejado en un robusto catálogo de derechos que permita a las personas ser protagonistas de su propio destino; el reconocimiento de la deuda histórica con los pueblos originarios y el deber del Estado de asegurarles un futuro integrado al destino nacional; la libertad de enseñanza; el fortalecimiento y modernización del Estado, sobre todo en relación con sus funciones en materia de seguridad y orden público; una protección decidida de la naturaleza, del medioambiente y de la biodiversidad, reconociendo la urgencia de enfrentar la crisis climática que sufre el planeta; la valoración del pluralismo y de la acción organizada de la sociedad civil; el valor de la democracia representativa y su necesario complemento con mayores y más eficaces instancias de participación directa, principalmente a nivel local; el fortalecimiento de los partidos políticos y del equilibrio que propicia el bicameralismo del Congreso; y una profundización de la descentralización a través de un mayor empoderamiento de las comunas y regiones, en el marco de la unidad del Estado.

Aunque muchos de estos temas fueron planteados en el debate constituyente, la Convención ignoró a quienes advirtieron de sus excesos u omisiones, según el caso, y en consecuencia el borrador no logró articular un diseño armonioso y eficaz. Muchos asuntos fueron regulados de forma inadecuada o desarrollados sin medir sus múltiples efectos. Otros varios fueron explícitamente desechados, como quedó de manifiesto en las diversas Iniciativas Populares de Norma que no fueron consideradas por los convencionales y que estaban –y siguen estando– entre las principales preocupaciones de los chilenos y chilenas. “Casa de Todos” busca contribuir a dar respuesta a esos anhelos y aportar en la preparación de un texto constitucional que favorezca cambios significativos, pero con estabilidad y certeza, tal como aspiran las grandes mayorías.

En términos concretos, queremos facilitar un nuevo diálogo que perfeccione el debate constitucional. Para ello, una vez terminada la Convención daremos a conocer una serie de propuestas elaboradas sobre la base de Iniciativas Populares de Norma y de convencionales constituyentes de todos los sectores. Este ensayo no pretende ser un documento taxativo ni conclusivo, sino una mirada abierta que incentive el intercambio de ideas y que, como tal, promueva la participación de la ciudadanía en la construcción de un proyecto común. El propósito es transmitir, por un lado, nuestro compromiso con una buena nueva Constitución y, por otro, que los cambios que añora la sociedad chilena son perfectamente posibles si triunfa el “Rechazo” en el plebiscito de salida. 

Somos conscientes de que este insumo no surge en el vacío, sino en un escenario marcado por el cierre de la Convención, la posibilidad real de que la ciudadanía decida rechazar su texto y la imperiosa necesidad de encontrar alternativas. “Casa de todos” quiere ser un aporte en este contexto, y ciertamente valoramos desde ya las propuestas que han emanado del mundo político para enfrentar este cuadro. En particular, la iniciativa liderada por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker de bajar los cuórums de reforma a la Constitución vigente, y así facilitar la articulación de un nuevo camino constituyente ante un eventual triunfo del “Rechazo”.

Tenemos la firme convicción de que es posible dotar a nuestro país de una Carta Fundamental que nos permita enfrentar los desafíos del siglo XXI. Una nueva Constitución que ayude a consagrar reformas significativas, pero con estabilidad y certezas; que nos una, en vez de seguir dividiéndonos; que refleje lo que somos para, desde ahí, poner en marcha los cambios; un texto, en fin, que encarne el nuevo pacto que el país anhela, necesita y merece.

Claudio Alvarado
Josefina Araos
José Manuel Astorga
Richard Caifal
Alejandro Fernández
Eugenio García-Huidobro
Daniel Mansuy
María José Naudon
Juan José Obach
Juan Luis Ossa
Cristián Stewart
Francisco Javier Urbina
José Antonio Valenzuela
Valentina Verbal
Magdalena Vergara
María José Zaldívar

29 de Junio 2022