El siguiente ejercicio consiste en una comparación entre la propuesta de la Convención Constitucional y los principios que inspiran Casa de Todos. Este ejercicio se basa en Iniciativas Populares de Norma y en propuestas de convencionales constituyentes de todos los sectores. No pretende ser un documento taxativo ni conclusivo, sino una mirada abierta que incentive el intercambio de ideas y que promueva la participación de la ciudadanía en la construcción de un proyecto común.
Te invitamos a leer, proponer y colaborar con Casa de Todos.

Propuesta Convención Constitucional

Casa de Todos

El texto se estructura sobre la base de deberes del Estado respecto de grupos específicos a lo largo de todo el texto que debilitan la igualdad ante la ley.

Creemos que todos debemos ser iguales ante la ley, y por lo mismo esta debe establecer los mismos derechos y deberes básicos para todos, sin perjuicio de que el Estado adopte medidas especiales en favor de grupos vulnerables o históricamente marginados.

El primer artículo de la propuesta de texto regula al Estado

Sostenemos que el centro inspirador de una Constitución deben ser las personas, y por eso se debe partir por ellas.

Se define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional intercultural y ecológico.

Afirmamos que Chile debe ser un Estado social y democrático de derecho, intercultural.

Se reconocen “diversos pueblos y naciones” dentro de Chile.

Creemos que la Constitución no debe dividir a la nación chilena, sin perjuicio de dar reconocimiento a los pueblos originarios como partes fundamentales de ésta.

Se señala que la naturaleza es sujeto de derechos, y que todas las personas pueden reclamar estos derechos en tribunales de justicia.

Sostenemos que las personas son los sujetos de derecho, y que, al mismo tiempo, es deber del Estado de conciliar los derechos y deberes relacionados con la protección conservación y restauración de la naturaleza y su biodiversidad con el desarrollo económico y equidad social, calificando la protección de la naturaleza y su biodiversidad como un asunto que compromete la acción conjunta del Estado y todos los integrantes de la sociedad.

Se menciona la diversidad y pluralismo en lo relativo al reconocimiento de las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, y del derecho individual a la personalidad, identidad y de proyectos de vida.

Creemos que uno de los deberes primordiales del Estado, si pone al centro a las personas, debe ser el reconocimiento y protección de los diversos proyectos de vida personal y también comunitaria, la autonomía y preferencia de los individuos y el libre desarrollo de su personalidad, así como el respeto de la autonomía de las organizaciones que integran la sociedad. Esto debe ser un principio constitucional.

La democracia representativa se reconoce en un plano de igualdad a otras modalidades de democracia, especialmente aquella de carácter directo.

Sostenemos fundamental enfatizar la importancia de la democracia representativa como forma de gobierno, la que lógicamente debe ser complementada por mecanismos de democracia directa y participativa.

Da rango constitucional a los tratados internacionales, a la costumbre internacional y a los principios generales del derecho internacional, cuando versan sobre Derechos Humanos.

Creemos que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y los que determinan las fronteras del Estado deben tener un rango constitucional y ser aprobados con el quórum correspondiente. El resto de los tratados internacionales se les puede asignar un rango supralegal e infraconstitucional.

La responsabilidad fiscal se incluye dentro de las reglas de buen gobierno y función pública.

Creemos que la responsabilidad fiscal debe ser uno de los pilares que orientan todo el actuar del Estado, a fin de poder garantizar la estabilidad necesaria para el desarrollo integral de los proyectos propuestos.

Se reemplaza el Senado por una segunda cámara llamada Cámara de las Regiones

Creemos importante respetar la historia republicana institucional manteniendo al Senado como parte del Congreso Nacional.

La competencia de designar autoridades recae en ambas cámaras actuando conjuntamente, lo que se traduce en una preponderancia del Congreso de Diputadas y Diputados.

Creemos importante mantener en el Senado la competencia relativa a designación de autoridades

Se reemplaza la iniciativa exclusiva del presidente en materia de ley por “leyes de concurrencia presidencial necesaria”, en que el presidente comparte esta iniciativa con parlamentarios

Sostenemos fundamental mantener la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para tener un ordenamiento jurídico armónico

No se modifica sustantivamente el sistema electoral para las elecciones de diputados, pero añadiendo escaños reservados en ambas cámaras.

Se establecen principios y orientaciones del sistema electoral diferentes a las actuales, donde la Cámara de Diputados tendrá representantes electos en listas cerradas por distritos suprarregionales y representantes electos por distritos uninominales, junto con representantes de escaños reservados en la Cámara de Diputados en proporción a los votos efectivamente obtenidos.

Se habla de “organizaciones políticas” y no hay referencias a los partidos políticos.

Creemos fundamental para la democracia fortalecer a los partidos políticos incorporando una regulación explícita y diseño institucional.

Consagra escaños reservados para “pueblos y naciones indígenas” en proporción a su población dentro del territorio electoral
respectivo, y no a su participación efectiva en las respectivas elecciones.

Creemos importante contemplar escaños reservados para la Cámara de Diputados, pero exigiendo que estos respeten el principio de proporcionalidad según la participación electoral real de personas de pueblos indígenas.

Se garantizan escaños reservados para pueblos originarios en todos los órganos colegiados de elección popular, tanto a nivel nacional, regional como comunal.

Sostenemos que no es necesario contemplar escaños reservados en todos los órganos del Estado colegiados de elección popular.

Se limita el veto “fuerte” a la supresión total del proyecto de ley, y se deja la regulación de las urgencias casi de forma total a la ley.

Creemos que, atendido el rol de colegislador que tiene el Ejecutivo, es importante restituir el veto “fuerte” respecto de supresiones parciales y las competencias claras del Ejecutivo respecto de las urgencias.

Se deja a la ley parte importante de la regulación de las urgencias, con excepción de la discusión inmediata que se le entrega al Ejecutivo.

Creemos útil contemplar urgencias anuales, a ser definidas tanto por el Presidente como por el Congreso, que obligan a despachar un proyecto de ley dentro del año calendario

En la mayoría de las materias los diputados pueden insistir por mayoría simple cuando tenga un desacuerdo con la Cámara de las Regiones. Se excepcionan únicamente las "leyes de acuerdo regional".

Sostenemos fundamental fortalecer al Senado en su rol de contrapeso, contemplando un rol más simétrico con los diputados (sin insistencia de la Cámara de Diputadas y Diputados).

No se define de forma clara cómo se resuelven las diferencias entre cámaras, cuando no hay acuerdo respecto al texto emanado de la Comisión Mixta.

Creemos que en caso de que aspectos del informe de la Comisión Mixta no sean aprobados por alguna de las cámaras, no debiese haber ley en esos puntos.

Se limita la reelección a una sola, con lo que toda autoridad podrá mantenerse en un cargo hasta por 8 años.

Sostenemos que es importante permitir la reelección de todas las autoridades hasta por 2 veces, con excepción de los senadores que podrán reelegirse solo 1 vez (por tener un mandato más extenso).

En el borrador se contemplan escaños reservados en la Cámara de las Regiones.

Creemos que no se deben contemplar escaños reservados en el Senado

Se limita el rol de las FFAA al resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la república ante agresiones de carácter externo.

Creemos que es importante seguir permitiendo que las FFAA colaboren en otros asuntos, tales como desastres naturales, siempre en conformidad a la ley y con sujeción a la autoridad civil.

Se establece que las policías son instituciones civiles, no militares.

Sostenemos que no es necesario establecer el carácter que tendrán las policías, por tratarse de una materia que debería quedar entregada al legislador.

No se señalan las instituciones que integran las policías.

Creemos que es necesario definir las instituciones que integran las policías, con lo que se evita el riesgo de que se creen nuevas policías funcionales a un caudillo o a una mayoría política.

Director de Carabineros de Chile y Director General de la Policías de Investigaciones pueden ser acusadas constitucionalmente.

Afirmamos que estas autoridades no deben estar dentro de las que puedan ser acusadas constitucionalmente.

Se elimina el Estado de Emergencia.

Creemos que es importante mantener el Estado de Emergencia, que permite intervenir ante graves alteraciones del orden público o daño para la seguridad de la Nación.

Se termina con los delegados presidenciales y no incluye a las provincias como entidades territoriales.

Creemos que se deben incluir expresamente a las provincias como subdivisiones territoriales, y a los delegados presidenciales como representantes del Ejecutivo en cada provincia.

Se contemplan Autonomías Territoriales Indígenas con las mismas atribuciones que a las Regiones y Comunas Autónomas.

No creemos conveniente contemplar Autonomías Territoriales Indígenas, y que el reconocimiento de los pueblos indígenas no requiera fragmentar el concepto de Estado unitario.

Se permite a las Regiones Autónomas fijar tasas y contribuciones.

Sostenemos que no se debe autorizar la fijación de tasas y contribuciones por parte de las regiones.

Se permite que las Regiones y Comunas Autónomas emitan deuda.

Afirmamos que no se debe permitir el endeudamiento de las regiones y comunas.

Establece un catálogo robusto y ambicioso de derechos sociales, con una preponderancia de sistemas estatales (p.ej.: sistema de cuidado) o bien donde no se contemplan expresamente la provisión mixta en materia de derechos sociales (p.ej.: seguros de salud).

Compartimos la necesidad de establecer un catálogo robusto y ambicioso de derechos sociales, que debe ser el corazón de una Constitución que pone a las personas en el centro, y que al mismo tiempo que reconozca el necesario complemento entre el Estado y la sociedad civil en la provisión de estos derechos.

Un ejemplo de lo anterior es la inclusión del derecho a la interrupción del embarazo sin límites claros.

Creemos que no se debe zanjar el debate respecto al aborto a nivel constitucional, sino que dejarlo al legislador para que sea abordado democráticamente.

El borrador no reconoce explícitamente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos

Afirmamos explícitamente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la necesidad de proteger en forma robusta la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos

Otro caso ilustrativo se da al regular el derecho a la educación se consagra el deber de financiar el Sistema de Educación Pública, compuesto por establecimientos e instituciones estatales, sin pronunciarse sobre la continuidad en el financiamiento de los establecimientos particulares subvencionados.

Creemos que se debe establecer que el Estado, en respeto de la igualdad ante la ley, tendrá el deber de garantizar y promover el derecho a la educación, mediante un financiamiento no discriminatorio de la libre elección entre la educación estatal y privada, asegurando la continuidad de la educación particular subvencionada.

Un último ejemplo se ve en que, al regular el derecho a la salud, se establece que existirá un órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema.

Sostenemos que se debe consagrar un Sistema Nacional de Salud, con un plan universal de salud, pero garantizando el derecho de las personas a optar voluntariamente por seguros privados que los administren.

No existe una cláusula general que habilite al legislador a limitar los derechos, ya que expresamente se señala que no se pueden limitar los derechos, salvo en estados de excepción constitucional.

Consagrar una cláusula general de limitación, como propusieron diversos expertos en la Convención, para que el legislador pueda conciliar democráticamente un catálogo amplio y diverso de derechos.

Garantiza derechos a la naturaleza, ejecutables directamente ante tribunales de justicia.

Creemos que no es necesario contemplar derechos de la naturaleza, sino que deberes exigibles al Estado y a la sociedad en su conjunto, que sean implementados por el legislador.

Se crea la categoría de bienes naturales comunes, y de “autorizaciones de uso” que no entregan derecho de propiedad. El agua es inapropiable e incomerciable.

Sostenemos que es importante garantizar el derecho humano al agua y establecer lineamientos al legislador. Establecer un estatuto minero moderno que concilie esta actividad con exigencias medioambientales y permitir que sea la ley la que defina los distintos estatutos para la explotación de recursos naturales, siempre bajo los estándares ambientales exigentes que fija la Constitución y la ley.

Se disminuyen las limitaciones y restricciones al actuar de las empresas estatales, regionales o comunales.

Creemos que, por regla general, las empresas estatales deberán regirse por las mismas leyes aplicables a particulares y competir en igualdad de condiciones.

Ante una expropiación, las personas tienen derecho únicamente al “justo precio” y no se señala cómo debe hacerse el pago de la indemnización por expropiación. No se asegura la propiedad industrial.

Sostenemos que la propiedad se debe garantizar respecto de toda clase de bienes, y la indemnización en caso de expropiación es por el daño patrimonial efectivamente causado y debe ser entregada en efectivo y al contado.

Entrega un derecho a veto de los pueblos indígenas en ciertos asuntos que los afecten, al señalarse que deben entregar su consentimiento previo respecto de ciertas materias.

Creemos que se debe incorporar un derecho de consulta de los pueblos indígenas en línea con lo que establece el Convenio 169 de la OIT respecto de materias que les afecten directamente, pero sin derecho a veto, y donde el consentimiento previo no sea requisito para que una política pública se lleve a cabo.

Se cambia la denominación de "Poder Judicial" por “Sistemas de Justicia”.

Creemos que se debe mantener la referencia al Poder Judicial

Se crea un Consejo de la Justicia encargada de nombramiento, evaluación y remoción de jueces, pero donde los jueces son una minoría de su composición total.

Sostenemos que hay que incorporar un Consejo de la Magistratura, pero integrado por una mayoría de jueces, en línea con la recomendación de la Comisión de Venecia.

Se consagran 2 escaños reservados en este órgano técnico.

Creemos que no debe haber escaños reservados en órganos técnicos.

Los fallos judiciales deben aplicar enfoque de género, interseccional, de derechos humanos e intercultural

Sostenemos que no se debe incorporar una disposición constitucional en el que se establezca que los jueces al momento de fallar tienen que aplicar un enfoque de género, dejando tal discusión para el legislador.

El borrador radica la acción de tutela de derechos fundamentales en los tribunales de instancia.

Creemos que es necesario mantener la acción de tutela de derechos fundamentales en las Cortes de Apelaciones

Se consagran a nivel constitucional órganos como el SERNAC; Defensoría de la Naturaleza; Consejo para la Transparencia; entre otros. Se regulan instituciones como Bomberos de Chile; Consejos Sociales Regionales; Asambleas Sociales Comunales y Juntas de Vecinos.

Sostenemos que no se debe regular constitucionalmente estos órganos y se agrega la Defensoría de las Víctimas como órgano autónomo constitucional.

Se establece un catálogo amplio de materias que se reforman por 4/7 y un plebiscito ratificatorio o por 2/3 de ambas cámaras.

El texto debe ser de fácil reforma, permitiendo su evolución en el tiempo a fin de ir incrementando cierto contenido social y permitiendo su adaptación a nuevos desafíos que puedan surgir. Por ello, el quórum para todo tipo de reformas será de 4/7.

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